jueves, 8 de octubre de 2009

CC: Representatividad v/s “Estática” Política

Diego Tabilo S.

Son de conocimiento colectivo las múltiples dificultades que implican poder desarrollar una gestión integrada del recurso hídrico. El contexto latinoamericano no es la excepción, y debido a una identidad cultural similar entre los países de la región, muchos de los problemas que surgen en este proceso se manifiestan paralelamente en varios de ellos. Para hacer frente a esta realidad se ha realizado una variada búsqueda de mecanismos que permitan mejorar el sistema de gobernabilidad del sector, lo que ha implicado esfuerzos en cambiar desde leyes, hasta el comportamiento de los usuarios del agua, pasando por modificaciones en las atribuciones que tienen algunas instituciones como también por la creación de otras. En esta búsqueda, el sistema mexicano apostó por desarrollar una institucionalidad cuya estructura y funcionamiento fueron concebidos incluyendo los intereses de todos los actores involucrados en la gestión del agua, protegiendo la opinión de los usuarios, y velando por la intersectorialidad. Es así como se logró constituir la figura “Consejo de Cuenca” (CC), organismo de primera categoría en la clasificación de asociaciones de Dourejeanni, pues tiene como objetivo “considerar todos los recursos e infraestructura para habilitar una cuenca”, siendo incorporados aspectos técnicos relacionados a la gestión ambiental y al desarrollo regional.

Es necesario destacar que en la concepción de este proyecto existen fortalezas y oportunidades que se traducen en ciertas debilidades y amenazas durante el proceso de implementación de lo que había sido concebido teóricamente. Dentro de las fortalezas, es una gran ventaja en términos de inclusión social que los vocales de usuarios tengan como mínimo un 50% de los votos en la estructura actual de cada CC. Por otro lado, dentro de las debilidades se puede considerar como una desventaja la dinámica generada entre variables políticas, siendo importante mencionar la pluralidad política en distintas jurisdicciones relacionadas con el manejo del agua y también las relaciones entre municipalismo y federalismo.

La posibilidad de que los usuarios directos del agua, independiente del uso que le den al recurso hídrico (agrícola, doméstico, industrial, conservación ecológica, pecuario, etc.), sean responsables de como mínimo un 50% de los votos que impliquen decisiones a nivel de cuenca, constituye una gran ventaja por tres razones principalmente. La primera radica en otorgar las condiciones para conseguir el tan ansiado desarrollo sustentable mediante el estímulo de capital social, pues como señala Díaz-Albertini, esta situación solo se posibilita si los lazos verticales de cada sociedad (en este caso a nivel de cuenca) proveen de acceso a los recursos sociales de participación, a los sectores que históricamente no han tenido mayor injerencia en la toma de decisiones. Esta situación se ha incorporado cabalmente en el funcionamiento de esta institución y ha permitido tanto a los vocales usuarios como a sus bases, empoderarse en mayor grado de la gestión del territorio, adquiriendo un rol mucho más activo. La segunda razón corresponde a la calidad multi e intersectorial de la que goza esta institución, muy importante a la hora de cumplir el objetivo de representatividad de los usuarios del agua. Además permite una retroalimentación mutua entre instituciones con competencias en la gestión del agua. Y la tercera razón radica en la detallada escala de la representatividad antes mencionada, que tiene lugar a nivel microcuenca a través de comités, a nivel de subcuenca mediante comisiones, y finalmente a nivel de la globalidad de la cuenca a través del Consejo respectivo con representantes de las dos primeras. Ésto otorga la posibilidad de que posturas que se generen en los niveles menores de esta jerarquía puedan ser expuestas ante otros representantes en los niveles mayores.

La pluralidad política en distintas jurisdicciones por un lado, y las relaciones entre municipalismo y federalismo por otro, constituyen debilidades que corresponden a una gran desventaja a nivel político. La primera crea tensiones adicionales (en un plano fuera de lo técnico) entre las diferentes instituciones encargadas del manejo del agua, y este proceso, que va desde el Gobierno Federal hasta los municipios, se entorpece cuando enfrenta un nudo de intereses divergentes, pudiendo producir efectos tales como desvío de recursos públicos y/o inhibición de inversiones en infraestructura, por ejemplo. La segunda, radica en que los calendarios electorales (cada 6 y 3 años) implican cambios de autoridades federales y municipales, presentándose una elevadísima rotación en los directivos de algunos organismos, lo que inhibe el desarrollo de proyectos con largos períodos de maduración y podría inducir a que municipios carezcan de continuidad en los distintos planes desarrollados.

A pesar de que la desventaja señalada podría entorpecer enormemente el cumplimiento de los objetivos que se plantean los CC, es necesario enfatizar que el paso mayor ―de creación de un nuevo funcionamiento en la gestión de cuencas― ya fue dado, y que lo que viene depende principalmente de la educación cívica de las personas, en cuanto a la interiorización de que es necesario participar constructivamente en las instancias de discusión que posibilita el Consejo de Cuenca; y de la capacidad de la clase política de dejar de lado los intereses partidistas para la consecución de eficiencia en la gestión y equidad en los resultados de ésta.

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